- La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano reveló en la investigación ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’, datos y testimonios de los estudiantes caídos entre 1920 y 2022 como consecuencia de la persecución y estigmatización a causa de sus posturas políticas o su activismo social.
- Reveló que en ese periodo de tiempo han sido asesinados 911 estudiantes, 108 mujeres y 801 hombres. Uno de los más recientes y recordados es el asesinato de Lucas Villa el 5 de mayo de 2021 en Pereira.
- La investigación también revela que los presuntos responsables del asesinato y desaparición de estudiantes son, en su mayoría desconocidos (ya que los datos, denuncias y noticias no dan cuenta del responsable); seguido están los paramilitares, integrantes de la Policía Nacional, integrantes del Ejército Nacional, narcotraficantes, las FARC, entre otros.
La Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano reveló en la investigación ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’, datos, casos y testimonios de los estudiantes caídos entre 1920 y 2022 como consecuencia de la persecución y estigmatización de la que han sido víctimas por parte del Estado y grupos paramilitares, a causa de sus posturas políticas o su activismo social. Reveló que en ese periodo de tiempo han sido asesinados 911 estudiantes, 108 mujeres y 801 hombres.
El concepto de "estudiante caído" hace parte del repertorio de la movilización estudiantil en el país. Define una especificidad de la violencia contra los estudiantes en la historia de Colombia y se reconoce como acontecimiento en la memoria colectiva, a pesar de no tener claridad, en muchos casos, de quiénes, cuántos y en qué contextos se han presentado estas caídas.
Uno de los primeros rastros históricos del fenómeno del estudiante caído es el asesinato del Gonzalo Bravo a manos de la guardia presidencial, en medio de una manifestación en 1929. Para varios académicos y miembros del movimiento estudiantil, la muerte de Bravo representa el inicio de la represión del Estado a los movimientos estudiantiles.
El siguiente caso registrado fue en 1945 y a partir de allí todas las décadas están marcadas por el asesinato y la desaparición de estudiantes en el marco de protestas, paros, guerras de paramilitares y guerrilleros, y estatutos que validaron la detención y tortura de civiles, sumando un total de 845 estudiantes caídos.
Si a ese dato se suman 64 estudiantes asesinados en el marco del estallido social que nació el 28 de abril de 2021 -registrados por Indepaz-, más tres casos de 2022 rastreados a través de revisión de prensa, el resultado es de 911 estudiantes caídos. Uno de los más recientes y recordados es el asesinato de Lucas Villa el 5 de mayo de 2021 en Pereira.
La investigación también revela que los presuntos responsables del asesinato y desaparición de estudiantes, en un 26 % son desconocidos (ya que los datos, denuncias y noticias no dan cuenta del responsable); seguido están los paramilitares, responsables del 20 % de los asesinatos; el 5 % fueron realizados por integrantes de la Policía Nacional, el 3 % por integrantes del Ejército Nacional; y la cuenta la completan actores como el DAS, los narcotraficantes y las FARC.
Esta investigación fue realizada a partir de la base de datos de Jorge Wilson Gómez en el libro “Ambos venimos de Morir: Susurros acechantes del estudiante caído”, resultado de una investigación doctoral que indaga la violencia letal contra los estudiantes en Colombia. La base de datos fue elaborada por él y Luisa Fernanda Gómez, a partir de diversas bases de datos sobre violación a derechos humanos, archivos de prensa, textos académicos, literatura, poesía, música y obras plásticas, entre otras.
¿De qué más han sido víctimas los estudiantes?
Otros de los puntos centrales del informe entregado por la UIP indican que, entre 2000 y 2022 se abrieron aproximadamente 10.931 procesos judiciales a jóvenes entre 15 y 26 años por delitos como rebelión (9486 casos) y terrorismo (1445 casos). De hecho, del total de casos, el 42 % se encontró en etapa de instrucción, el 34 % en indagación y un 5 % en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5 % y a ejecución de pena el mismo porcentaje.
“En 22 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar, además, que, aunque esta cifra es aterradora y elocuente, no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró Lizeth León, periodista que trabajó de la mano con los estudiantes investigadores del Politécnico Grancolombiano.
Para consultar todos los detalles de la investigación los invitamos a visitar el siguiente enlace: https://criminalizacionestudiantes2.poligran.edu.co/index.html#